Hace poco la Comisión Interamericana de Derechos Humanos [CIDH] declaró admisible la denuncia contra el estado peruano por haber atentado contra los derechos humanos de los pobladores de la ciudad minera de La Oroya, ubicada en la sierra central del Perú.
La demanda sostiene que el gobierno permitió la contaminación ambiental provocada por la emisión de gases y otros derivados de las actividades de las empresas metalúrgicas localizadas en el área. La acción tomada por la CIDH lleva la demanda un paso más adelante en dirección a la presentación de un caso formal ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos ubicada en San José de Costa Rica.
Muchos peruanos se preguntan por qué estas noticias no se han publicado en los diarios de circulación nacional, y anotan que el previo anuncio presidencial acerca de una “solución realista” entre el gobierno y los trabajadores mineros, especialmente los de Doe Run, tuvo más cobertura. Hay otros que se preguntan si la prensa peruana vera ciertos temas.
Muchos peruanos se preguntan por qué estas noticias no se han publicado en los diarios de circulación nacional, y anotan que el previo anuncio presidencial acerca de una “solución realista” entre el gobierno y los trabajadores mineros, especialmente los de Doe Run, tuvo más cobertura. Hay otros que se preguntan si la prensa peruana vera ciertos temas.
Sin embargo, siempre está internet para encontrar información alternativa con comentarios y análisis acerca de las implicancias de la decisión de la CIDH.
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